Con motivo de la entrada en vigor de las nuevas obligaciones previstas en la Ley de Movilidad Sostenible, Laura Guillén, directora del área Laboral, analiza las implicaciones de esta normativa para las empresas y los principales retos de su aplicación. En este sentido, recuerda que “el Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo es una obligación legal, no una buena práctica voluntaria” y destaca que la fecha límite para su implantación es el 5 de diciembre de 2026.
Nuestra experta explica que “la obligación alcanza a los centros con más de 200 personas trabajadoras o, alternativamente, con más de 100 personas empleadas por turno”, y subraya la importancia de abordar con antelación las tres fases del proceso: elaboración, negociación e implantación del Plan.
Asimismo, la letrada señala que estos planes deben negociarse con la representación de las personas trabajadoras e incorporar medidas destinadas a fomentar una movilidad más sostenible, como el transporte colectivo, los desplazamientos de bajas emisiones o la movilidad compartida. Además, destaca que “el Plan no se limita a la plantilla”, sino que también alcanza a otras personas que accedan al centro de trabajo.
Por último, pone de relieve que “la aprobación del Plan no cierra el expediente; en realidad, marca el inicio de nuevas obligaciones de seguimiento y control”. Por ello, insiste en la necesidad de anticiparse a los plazos legales y recuerda que “un buen Plan de Movilidad permite ordenar costes, mejorar la seguridad de las personas trabajadoras y reforzar el compromiso ambiental de la organización”.
Si desea ampliar la presente información, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho llamando al 91.345.48.25 o bien enviando un email a info@cecamagan.com.
