Compliance penal y cumplimiento normativo

Los programas de prevención de riesgos penales son una herramienta esencial para evitar el incumplimiento normativo y las condenas penales. Además, estos programas se han convertido en un elemento fundamental de las operaciones empresariales y son un requisito imprescindible para la contratación o la obtención de fondos o financiación públicos.

Nuestros abogados especialistas en cumplimiento normativo acompañan a las empresas en todas las fases de la implantación, garantizando que los programas cumplan los requisitos legales establecidos por el legislador. Algunos de estos requisitos son:

• Análisis e identificación de los riesgos penales y las actividades asociadas
• Políticas y controles para mitigar los riesgos identificados
• Recursos financieros
• Nombramiento de un órgano de cumplimiento
• Iniciativas de comunicación y formación
• Canales de denuncia de irregularidades
• Evaluación y mejora continua

• Puesta en marcha de programas de prevención de delitos
• Elaboración de políticas y/o procedimientos para la mitigación de los riesgos delictivos
• Evaluación del estado de cumplimiento o del rendimiento
• Elaboración de matrices para la identificación, priorización y gestión de los riesgos delictivos
• Colaboración con el órgano responsable del cumplimiento y prestación de asesoramiento al mismo
• Puesta en marcha del canal interno de denuncia de irregularidades
• Apoyo tecnológico
• Iniciativas de mejora continua
• Desarrollo de iniciativas de comunicación y sensibilización en el entorno empresarial
• Formación interna, tanto general como específica
• Asistencia en la certificación según las normas UNE 19601, UNE 37001 y UNE 37301
• Defensa corporativa
• Investigaciones internas

El canal de denuncia es una herramienta que permite a los empleados y a terceros ajenos a la organización informar de forma confidencial sobre posibles conductas irregulares o delictivas.

Además de la obligación legal establecida en el artículo 31 bis del Código Penal, el 17 de diciembre de 2021 entró en vigor en España y en el resto de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión. En virtud de este nuevo marco jurídico, las empresas con más de 50 empleados, ya sean públicas o privadas, están obligadas a establecer un canal de denuncia que cumpla con los estrictos requisitos de la legislación.

El equipo de abogados especialistas en cumplimiento normativo de CECA MAGÁN ayuda a las empresas a afrontar este reto legal, proporcionándoles asesoramiento especializado y herramientas tecnológicas adaptadas a los requisitos de la nueva legislación. Asimismo, asistimos a las empresas en la gestión de las denuncias recibidas, en caso de que sea necesario.

En el caso de las empresas medianas, el riesgo de responsabilidad penal no es ni una posibilidad remota ni algo exclusivo de las grandes corporaciones. A menudo, precisamente debido a la concentración de funciones, a la falta de una estructura jurídica interna o al carácter informal de determinados procesos, estas organizaciones están más expuestas al riesgo de que se atribuya responsabilidad penal a la persona jurídica por no haber ejercido el debido control sobre su personal o sus administradores.

Contar con un programa de cumplimiento penal adaptado al tamaño y a las actividades de la empresa no solo garantiza el cumplimiento de los requisitos del artículo 31 bis del Código Penal, sino que también aporta un valor real: protege a los administradores, genera confianza entre los clientes y los inversores, facilita el acceso a la contratación pública y a la financiación, y refuerza la reputación de la empresa. En el contexto actual, el cumplimiento no es meramente una obligación legal, sino una decisión estratégica y la clave para garantizar la sostenibilidad de la empresa.

La labor de la Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes (AIPI) está empezando a intensificarse, y las empresas comienzan a enfrentarse a sus primeros procedimientos relacionados con la gestión de sus canales de denuncia interna.

La AIPI no se limita a analizar el contenido de las denuncias recibidas. También examina cómo responden las organizaciones a las denuncias internas: plazos de respuesta, trazabilidad, confidencialidad, protección frente a represalias, independencia del sistema y correcta gestión del procedimiento.

• Análisis inicial de la solicitud o del procedimiento iniciado por la AIPI.
• Revisión del canal de denuncia interno y de la documentación asociada.
• Preparación de alegaciones y respuestas a las solicitudes.
• Evaluación de los riesgos relacionados con sanciones, cumplimiento normativo y reputación.
• Preparación de la empresa para reuniones o procedimientos ante la AIPI.
• Asistencia de expertos durante dichas reuniones.
• Revisión y refuerzo del sistema de denuncia interno y de los protocolos contra las represalias.
• Evaluación del cumplimiento de la Ley 2/2023 y mejora de los procedimientos internos.