La llegada de 2026 ha generado inquietud en muchas empresas familiares por la inminente adaptación de sus sistemas de facturación. En medio de advertencias sobre la factura digital y nuevos controles fiscales, conviene diferenciar lo inmediato de lo que aún no tiene fecha.
Como explica Rafael Granados, director del área fiscal y experto en empresa familiar, para Cinco Días: “la prioridad ahora es cumplir con la Ley Antifraude y adaptar los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF); la factura electrónica obligatoria llegará más adelante”.
Granados aclara que la obligación de cumplir con VERIFACTU nace cuando coinciden dos condiciones: ser un sujeto obligado por la norma y utilizar un SIF. Esto afecta a sociedades y profesionales que desarrollan actividades económicas, mientras que quedan fuera, por ejemplo, los particulares arrendadores sin actividad empresarial. También recuerda que “las facturas simplificadas están sujetas a la nueva regulación, y el uso de Word o Excel no exime automáticamente: si existe cualquier automatización, puede considerarse un SIF”.
Respecto a cómo cumplir, el experto señala dos vías: adaptar el software propio o utilizar la aplicación gratuita VERIFACTU de la Agencia Tributaria. En ambos casos, el sistema deberá poder conectarse con Hacienda y remitir los registros cuando se le requiera. Y advierte: “la Administración ya ha anunciado una vigilancia reforzada sobre quienes opten por adaptar su software sin utilizar VERIFACTU”, con sanciones que pueden alcanzar los 50.000 euros por ejercicio.
Para la empresa familiar, la recomendación es clara: anticiparse, planificar y evitar improvisaciones.
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