La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil introduce cambios relevantes en los procedimientos de ejecución que pueden afectar de forma directa a la empresa familiar, especialmente cuando uno de los socios se convierte en acreedor de la sociedad.
Patricia Martínez, directora en el área de litigación y arbitraje, analiza esta situación en un artículo publicado en Cinco Días, donde advierte que “si no existe acuerdo y la empresa carece de liquidez, el socio acreedor podrá iniciar un procedimiento de ejecución judicial contra la empresa donde podrá embargarle bienes suficientes para ver satisfecho su crédito”.
Nuestra experta subraya que, tras la reforma, “la única manera de adjudicarse los bienes es participando en la subasta como un postor más y ofreciendo la puja más alta”, lo que reduce el control del acreedor y puede provocar la pérdida de activos estratégicos para la compañía, con un impacto económico y emocional significativo en el entorno familiar.
Ante este escenario, Patricia Martínez destaca la importancia de anticiparse y recomienda “configurar de antemano, en un Protocolo Familiar o en Pactos societarios, mecanismos de pago aplazado o fórmulas alternativas que eviten la salida de activos”, reforzando así la continuidad del negocio y la estabilidad de las relaciones familiares.
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