El arbitraje sigue consolidándose como un mecanismo eficaz de resolución de conflictos tras la reciente intervención del Tribunal Constitucional, que ha limitado el control judicial sobre los laudos arbitrales. En este contexto, Carlos Gutiérrez, socio de litigación y arbitraje, analiza en un artículo escrito por Carlos Capa, publicado en Cinco Días, el impacto de la resolución y destaca que “lo que realmente cambia” no es solo la reiteración doctrinal, sino “los efectos derivados de la estimación del recurso”, al subrayar que el Tribunal Constitucional no ordena retrotraer actuaciones, sino que “declara la firmeza de la parte dispositiva del laudo” previamente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El experto señala que en este punto reside “la gran novedad” de la sentencia, que refuerza la seguridad jurídica en el ámbito del arbitraje y lanza un mensaje claro al mercado sobre los límites de la acción de anulación. Asimismo, la resolución introduce una importante enseñanza en materia de estrategia procesal, al establecer que si la parte afectada no denuncia una infracción “dentro de la propia vía arbitral”, no podrá plantearla posteriormente ex novo en la acción de anulación.
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