El Black Friday llega este año acompañado de la mayor campaña de monitorización y vigilancia en materia de consumo puesta en marcha por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Así lo explican Mónica Muñoz y Carlos Barios, del área de consumo, en un artículo publicado por Cinco Días, donde recuerdan que en ejercicios anteriores se detectaron prácticas engañosas como “incrementar el precio de determinados productos antes del Black Friday para, ese día, rebajarlos al coste original”.
Según nuestros expertos, estas irregularidades, que en campañas pasadas afectaron a más del 60% de las empresas investigadas, han motivado un refuerzo sin precedentes de la supervisión: “las infracciones graves pueden acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, que pueden multiplicarse por el beneficio ilícito obtenido”. Además, destacan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado recientemente sanciones y exigido avales económicos a empresas reincidentes.
Este año, la vigilancia va más allá de las falsas rebajas: “el Ministerio investigará precios por goteo, técnicas de presión en la venta, precios dinámicos, personalización de precios mediante datos personales y comparaciones engañosas”, comentan. Los sectores más expuestos serán el comercio electrónico de textil, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos.
En este contexto, Muñoz y Barios insisten en la necesidad de extremar la transparencia en las políticas de precios: “es esencial indicar claramente el precio original y el rebajado, detallar impuestos y gastos adicionales e informar del stock cuando la oferta dependa de existencias”. Asimismo, recuerdan que no pueden imponerse condiciones de pago especiales distintas a las del resto del año.
Para nuestros abogados, cumplir la normativa no solo evita sanciones económicas: “el impacto reputacional de una infracción en materia de consumo puede ser incluso mayor que el estrictamente económico”.
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