Tras la polémica aprobación de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se genera ahora un nuevo debate en relación al borrador de anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, encomendando la gestión del Registro Civil al cuerpo de Registradores, hecho este desmentido por el Ministerio de Justicia, pero dejando la puerta abierta a que determinados actos que se vienen inscribiendo en el Registro, sin ser de carácter obligatorio, sí tengan un coste para los ciudadanos.
Contrariamente a lo que la mayoría piensa, este proyecto no es nuevo, sino que deriva de legislaturas anteriores, y la intención es liberar de esta carga de trabajo a los jueces y funcionarios de Justicia, que actualmente se encargan de estas labores y que pasarían a reforzar los juzgados, además de compensar el descenso de actividad que ha padecido el cuerpo de Registradores en los últimos años con motivo de la crisis económica, evitando el despido de un gran número de los trabajadores de los registros.
Otra cosa es lo que realmente pueda suceder si la reforma prevista entra en vigor, ya que todo parece apuntar a que, a este paso, se acabe con la Justicia como servicio público y gratuito para los ciudadanos, y se pueda imponer la inscripción obligatoria de hechos que hasta ahora no lo eran. Parece ser que quedarían fuera del cobro de aranceles los certificados de nacimiento y defunción, que suponen dos tercios de los trámites que actualmente realizan los Registros Civiles, pero nada se sabe aún sobre el coste que tendrá inscribir un nacimiento, solicitar un certificado de matrimonio o la tramitación del correspondiente expediente para contraerlo, entre otras gestiones.
La reforma del Registro Civil y el abono de las tasas quizá pueda lograr un ahorro sustancial ¿pero a qué coste? Estaríamos ante otra medida más encaminada a reducir gasto público, pero deshaciéndose de la prestación de servicios esenciales y obligatorios. Una medida injusta como tantas otras que no favorece a nadie y perjudicaría a todos por igual pero la notarán, obviamente, los más desfavorecidos.
Susana Perlaes
Ceca Magán Abogados