La entrada en vigor de la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, y la reducción de los plazos de adaptación prevista en el Real Decreto-ley 7/2026 están acelerando la implantación de nuevas obligaciones para las empresas en materia de movilidad laboral y organización interna.
En este contexto, Enrique Ceca Gómez-Arevalillo, socio director del área laboral, y Blanca Liñán Hernández, socia de la misma área, analizan en Legal Today el impacto laboral y organizativo de la nueva normativa y destacan que “la movilidad sostenible deja de ser una cuestión accesoria para convertirse en un elemento central de la estrategia empresarial”.
La nueva normativa establece que las empresas con centros de trabajo de más de 200 empleados o con más de 100 personas trabajadoras por turno deberán tener implantados, antes del 5 de diciembre de 2026, planes de movilidad sostenible al trabajo.
Asimismo, los autores subrayan el impacto directo de la norma en la negociación colectiva, ya que “los planes de movilidad deberán negociarse obligatoriamente con la representación legal de las personas trabajadoras” y los convenios colectivos deberán incorporar medidas que promuevan la elaboración de estos planes.
Nuestros expertos también ponen de relieve las nuevas obligaciones de seguimiento, elaboración de informes bienales y registro de indicadores en el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), así como las posibles sanciones por incumplimiento. Además, destacan la importancia de que las empresas identifiquen cuanto antes los centros afectados y planifiquen de forma inmediata la implantación de sus planes de movilidad sostenible ante un calendario “significativamente acelerado por el legislador”.
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