Si una empresa puede reabrir y no lo hace para evitar pérdidas económicas, ¿a qué consecuencias legales se enfrenta?

¿Qué consecuencias tiene para una empresa mantenerse cerrada para evitar mayores pérdidas económicas cuando en realidad podría permitirse reabrir? ¿Seguiría exonerada de los seguros sociales? Enrique Ceca, socio del área laboral, aborda este caso en el Consultorio Laboral de El Confidencial.

Como señala Enrique, para responder a estas cuestiones resulta necesario establecer la diferencia entre fuerza mayor total y fuerza mayor parcial. Así, se entiende por fuerza mayor total “la imposibilidad de la empresa de reiniciar la actividad de que se trate por las causas establecidas en el artículo 22 del RD-Ley 8/2020″, mientras que la fuerza mayor parcial hace referencia a “la posibilidad de la empresa de recuperar parte de su actividad desde el momento en que así lo permitan las causas reflejadas” en el citado decreto.

Dicho esto, podrían darse dos soluciones:

1. Si existe obligación de reinicio de la actividad, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, que el art. 1.2 del RDL 18/20 dice que “deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras”, nos encontraríamos ante un supuesto de fuerza mayor parcial, con la reducción de las bonificaciones asociadas a dicha circunstancia.
2. Por otro lado, cabría interpretar que el empresario tiene la potestad de decidir si reinicia o no su actividad, sometido a un control posterior, al indicarse posteriormente en dicho precepto que dicha reincorporación se realizará “en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad”. Y por tanto podría mantener las bonificaciones propias de un ERTE por fuerza mayor total.