A raíz de la operación “Fragile”, que permitió desarticular en Girona la mayor fábrica de perfumes falsificados de Europa, Alejandro Alonso, socio del área mercantil, analiza en un artículo publicado en Ventas de Perfumería, el impacto económico, reputacional y sanitario que estas prácticas generan en el mercado. En particular, advierte de que “un mercado que no protege los derechos de propiedad intelectual e industrial es un mercado en el que se debilitan los incentivos a la innovación y la investigación”, destacando además la distorsión de la competencia y el perjuicio para las marcas legítimas.
Asimismo, señala que la generalización de las falsificaciones puede erosionar la exclusividad de los productos de lujo y afectar a la confianza de los consumidores, obligando a las empresas a asumir costes adicionales para proteger su identidad. Desde la perspectiva de la salud pública, alerta de que estos productos pueden elaborarse “con materias primas no adecuadas, sin controles sanitarios”, lo que implica que el consumidor utilice productos sin garantías de inocuidad.
En el ámbito jurídico, recuerda que estas conductas pueden constituir delitos contra la propiedad industrial, dar lugar a importantes indemnizaciones por los daños causados y, en determinados supuestos, derivar también en responsabilidades por contrabando, organización criminal o incluso delitos contra la salud pública.
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