Las empresas preparan su vuelta a la actividad con rigurosos protocolos de seguridad sanitaria para empleados y clientes. Y entre las medidas que muchas de ellas impulsan, destaca el control de la temperatura corporal como requisito para acceder a sus instalaciones. Sin embargo, como destacan los expertos, esta opción carece de una base legal sólida.
Como señala El País, “los sistemas de control de la temperatura plantean una importante controversia desde el punto de vista jurídico porque confrontan varios derechos fundamentales e intereses públicos legítimos que no resulta fácil equilibrar. Por un lado, se encuentra la protección de datos de los afectados, especialmente relevante si se tiene en cuenta que estos instrumentos obtienen información médica, que cuenta con una protección reforzada por parte de la normativa de privacidad. Por otro, entra en juego la obligación de la Administración de preservar la salud pública. Y, finalmente, el deber empresarial de prevenir los riesgos laborales“.
En declaraciones a este medio, Noemí Brito, socia co-responsable del área de Tecnología, Innovación y Economía Digital, considera que “es un tema muy controvertido sobre el que no existe un criterio uniforme”.
Para nuestra compañera, esta falta de claridad se debe en gran parte a los “confusos” comunicados emitidos durante las últimas semanas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En ellos, explica, el organismo ha pasado de avalar este tipo de controles a cuestionar severamente su legalidad por suponer una “injerencia particularmente intensa” sobre los derechos de los afectados.
“No llega a prohibir estos sistemas, pero les pone tantas pegas que está creando inseguridad jurídica”, concluye.
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