La utilización de criptomonedas como medio de pago en operaciones inmobiliarias comienza a abrirse camino en España. En un artículo publicado en El Confidencial, se analiza la transacción realizada por la promotora Jamsa para la adquisición de una plaza de garaje valorada en 40.000 euros mediante criptoactivos, en una operación cuya estructuración legal fue liderada por Miguel Lobón , socio del área mercantil.
El experto destaca que uno de los principales retos de este tipo de operaciones es garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento normativo. En este sentido, señala que “las criptomonedas han estado históricamente algo demonizadas o vinculadas a mercados oscuros. Sin embargo, desde el momento en que se reconocen como un método de pago válido, lo que toca es hacer un proceso de transparencia y aportar seguridad jurídica”. Asimismo, subraya la importancia de trabajar con “un buen partner regulado por el Banco de España”, que permita asegurar el cumplimiento de las exigencias en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Por otro lado, Miguel Lobón explica que uno de los aspectos clave de la operación fue gestionar la volatilidad inherente a los criptoactivos. Según afirma, “la clave de esta operación es que el comprador y el vendedor comparten un riesgo de volatilidad”, manteniéndose en todo momento fijo el precio del inmueble en euros. Finalmente, destaca que esta operación demuestra que “utilizar criptoactivos no es sinónimo de jugar con Hacienda o intentar evitar la tributación”, ya que la transacción se diseñó garantizando el cumplimiento de la normativa, los controles de prevención de blanqueo de capitales y las obligaciones fiscales correspondientes.
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