El logro de los objetivos de implantación del hidrógeno en España debe de superar una importante barrera normativa: la falta de una legislación específica aplicable al hidrógeno renovable.
Por el momento, si bien hay una casuística muy amplia de proyectos —desde proyecto piloto, a proyecto individual junto a instalación industrial consumidora, valle de hidrógeno, o algunos pocos proyectos individuales que parten de cero—, la regulación existente no se adapta a las peculiaridades propias de este tipo de proyectos. De hecho, a pesar de que existen disposiciones reglamentarias que, de forma indirecta o tangencial, regulan algunos aspectos, la falta de especificidad de estas disposiciones, incluso llega a dificultar su desarrollo, al exigir requisitos que carecen de sentido en el caso del hidrógeno renovable.
La Unión Europea realizó en 2020 un estudio sobre la situación legislativa del hidrógeno en España, HyLaw, en donde subrayó la necesidad de desarrollar un marco jurídico, en el ámbito UE, para la integración de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, dotando al hidrógeno de un papel protagonista. El estudio remarca una multiplicidad de materias en donde este desarrollo debía ser prioritario.
Estas consideraciones fueron igualmente señaladas por la Hoja de Ruta del Hidrógeno española la cual, entre sus principales medidas a tomar para la implantación de la cadena de valor del hidrógeno en España, establece la necesidad de crear este marco normativo específico. Como principales medidas que fueron destacadas por la hoja de ruta se encuentran las siguientes:
- Modificación de la normativa de producción de hidrógeno verde como actividad industrial, y la exención de sometimiento a todos los requisitos aplicables como actividad.
- La simplificación de los procedimientos administrativos, desarrollando sistemas propios para el hidrógeno, que tengan en cuenta su verdadero impacto ambiental, con el fin de lograr un aligeramiento de las cargas administrativas.
- Creación de impuestos adaptados para potencias el uso del hidrógeno verde, específicamente en impuestos indirectos.
- Fomentar especialmente el uso del hidrógeno verde sobre el hidrógeno cuyo origen no sea trazable, o no sea de origen de fuentes renovables de energía.
Conforme con lo anterior, en 2021 se modificó el Real Decreto 919/2016, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, a fin de incluir las estaciones de distribución de hidrógeno en forma de gas, las hidrogeneras.
Otro paso importante se realizó mediante la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos mediante el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes. Se permite expresamente que los productores de gases renovables, como el hidrogeno, construyan líneas directas para el transporte por sus propios medios o que soliciten su construcción a una empresa transportista o a la empresa distribuidora con autorización administrativa en la zona. La titularidad de la línea directa será del consumidor o productor de gas renovable, quedando excluidas del régimen retributivo de las actividades de transporte y distribución.
No obstante, su titular quedará obligado a dar acceso a terceros, quedando la CNMC a cargo de resolver los conflictos de conexión y acceso que se produzcan. La tramitación de las líneas directas corresponderá a las Comunidades Autónomas cuando éstas solo discurran por el territorio de una de ellas, siendo competente la Administración General del Estado en caso contrario. Las líneas directas de inyección requerirán de informe vinculante del Gestor Técnico del Sistema.
Pese a estas primeras iniciativas, aún queda mucho por avanzar a fin de contar con un marco jurídico completo y eficaz desde donde operar. Así, por ejemplo, el vacío legal respecto al almacenamiento es total, siendo uno de los aspectos más limitante. Iniciativas como reaprovechar las cuevas de sal, tiene un coste, según los expertos, diez veces inferior a los tanques de almacenamiento, pudiendo, además, almacenar cantidades ingentes de hidrógeno. O, el transporte por carretera (camión) de grandes toneladas de hidrogeno es inviable actualmente por la logística que conlleva, estando solo regulado los camiones cisterna pequeños conforme con la normativa ADR.
Con todo, España no es el único estado en el que se presenta esta deficiencia normativa, sino que la mayoría de los Estados miembros UE carecen de un marco regulatorio que dé cobertura completa al hidrógeno renovable. Es por esta razón que la Comisión Europea contempla como una actuación prioritaria la creación de marco normativo general, que regule la industria y mercado del hidrógeno, común a todos los Estados miembros. Varias iniciativas legislativas a este nivel se están desarrollando, como las proposiciones de Reglamento y Directiva sobre un mercado común de gases renovables y del hidrógeno, o la proposición de Reglamento UE sobre infraestructura de combustibles alternos (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the internal markets for renewable and natural gases and for hydrogen, COM/2021/804 final).
Igualmente, la necesidad de crear un marco legislativo propio al hidrógeno en España ha sido demandada por el sector privado, habiéndose creado, en el último año, varias asociaciones y grupos de trabajo que reiteradamente se pronuncian en tal sentido, como la Asociación del Corredor Vasco del Hidrógeno.
En definitiva, la falta de seguridad jurídica actual debe superarse si se quiere aprovechar el potencial que tiene España para poder situarse como uno de los principales productores de hidrógeno en Europa.
Área Público y Regulatorio - Medio Ambiente
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