El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 consolida un modelo de mayor intervención pública en el mercado residencial y redefine el papel de promotores e inversores en el sector. En un artículo publicado en Expansión, Javier Martin-Merino y Bernardos, socio del área de urbanismo, señala que “la cuestión relevante para el sector no es tanto el diagnóstico ampliamente compartido como el tipo de soluciones que articula el Plan y, sobre todo, cómo impactan en la lógica económica de los proyectos”.
Nuestro experto destaca que una de las principales novedades del nuevo marco es “la integración plena del concepto de ‘zona de mercado residencial tensionado’ como criterio estructural de actuación”, lo que supone tanto oportunidades de colaboración público-privada como “un elemento de complejidad regulatoria adicional”.
Asimismo, subraya que la apuesta por la protección permanente de la vivienda protegida “obliga a revisar en profundidad la estructura financiera de los proyectos, los horizontes de inversión y los mecanismos de rotación de activos”, en un contexto donde “la rentabilidad se vincula más a la estabilidad y al largo plazo que a la desinversión”.
En este escenario, concluye que “la política pública no es solo un complemento, sino un factor determinante del negocio”, y advierte de que “la clave, como tantas veces en el sector inmobiliario, no estará tanto en la norma como en su aplicación real”.
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