La Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela obliga a las empresas a revisar sus procesos de atención al consumidor. En un artículo publicado en Expansión, Joaquim Torres, abogado del área mercantil, analiza las principales implicaciones de la norma y su impacto en las empresas que operan en España.
El autor destaca la obligación de responder a las reclamaciones de forma motivada, establecer plazos máximos de resolución y ofrecer información clara y accesible sobre los canales de atención. Asimismo, las empresas deberán implantar sistemas de evaluación de la calidad del servicio y someterlos a auditorías periódicas.
Por último, Joaquim señala que la adaptación requerirá la colaboración de diferentes áreas de la organización para revisar protocolos y actualizar procesos, en un contexto en el que la calidad en la atención al consumidor se convierte en una exigencia legal.
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