Los expertos advierten que no es legal obligar a las empresas a trasladar su domicilio social de nuevo a Cataluña, tal y como pretende el acuerdo al que han llegado Gobierno y Junts para reformar la Ley de Sociedades de Capital. Con el referéndum de independencia de 2017, muchas compañías trasladaron su sede social fuera de la comunidad.
Miguel Ángel Márquez, director en el área mercantil, comenta en La Razón que esta modificación de la Ley "obviamente, no es legal”, por ser contraria al principio de libertad de establecimiento que recoge el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Aunque los traslados pueden llegar a ser impugnados, sólo pueden hacerlo accionistas, administradores o terceros con interés legítimo, sin embargo, nuestro experto apunta que: "Por el tiempo transcurrido, entiendo que no tuvieron lugar y que en todo caso estarían ya prescritas”.
Por tanto, nuestro abogado mercantilista apunta que, más allá de las situaciones que se establezcan contrarias a la ley, "no hay margen alguno para discutir una decisión que entra dentro de la más absoluta libertad de empresa” para obligar a las empresas a trasladarse de nuevo a Cataluña.
Aconseja que, una forma de atraer la inversión de las empresas es a través de medidas fiscales: “Es tan sencillo como bajar impuestos y hacerse por ello más atractivos”.
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