Justicia para todos

El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición que pedían la retirada del Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por lo que parece que su aprobación será un hecho.

  Según se expone en la Exposición de Motivos del citado texto, “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita”, por lo que el legislador entiende que, desde el momento en el que la Constitución encomienda la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la administración de justicia, por lo que sólo en “aquellos supuestos en los que se acredite insuficiencia de recursos para litigar, es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia”, indicando que se pone todo el cuidado en que la regulación de la tasa no afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

  Se desprende del Proyecto de Ley que lo que se pretende es que los ciudadanos que recurren a los tribunales asuman parte del coste que ello implica, a fin de “racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional”, manifestando que la tasa aportará unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y concretamente la asistencia jurídica gratuita, indicando, además, que la regulación de la tasa judicial no es sólo una cuestión tributaria, sino también procesal.

Sin embargo, en mi opinión, sí es únicamente una cuestión tributaria. Esta nueva tasa lo único que va a conseguir es limitar el acceso a la Justicia a todos los ciudadanos, ya que su finalidad es realmente recaudatoria y disuasoria, siendo sorprendente que se intente justificar su imposición en la necesaria financiación de la  asistencia jurídica gratuita.

 Ya sabemos que, en algunas Comunidades Autónomas, como es en el caso de Madrid, los abogados del Turno de Oficio comenzarán próximamente un encierro en la sede del Colegio de Abogados como protesta a los recortes que se están produciendo en el ámbito del Servicio de Justicia Gratuita, pero no veo por qué los ciudadanos tienen que sufrir las consecuencias de la mala gestión de este servicio y de la toma de decisiones equivocadas por parte de quien tiene asumidas las competencias de Justicia.

  Efectivamente, el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad de las tasas y del mecanismo de contribuir al sostenimiento de la Administración de Justicia, pero sólo si las tasas no significan una barrera al acceso a los tribunales, impidiendo con su importe que un significativo porcentaje de población pueda defender sus intereses.

Todos sabemos que la recaudación de millones de euros con la aplicación de estas nuevas tasas no va a suponer en absoluto una mejora de nuestro sistema judicial, ya que su mal funcionamiento no deriva únicamente de una escasa financiación que le dote de mejores servicios, y que ese dinero tampoco va a servir para que los Servicios de Justicia Gratuita funcionen. Lo que va a ocurrir es que la clase media de este país (si es que en realidad entra en la clase media una familia que sobrevive con los 1.100€ mensuales fijados por el proyecto como límite para exención de tasas, o si de verdad se diferencia en algo de quien gana un euro menos y por tanto se beneficia de la exención), no va a poder acudir a los tribunales para defender sus derechos, no sólo la gran mayoría de los ciudadanos se ve afectado por una profunda crisis económica, sino que además no va a poder hacer nada para defender sus intereses.

 ¿Cómo es posible que se prevea una tasa fija de 300 euros por interponer una demanda, en un Juicio Ordinario, en el que se reclamen 6.000 euros? ¿Realmente es justificable que esa misma persona abone otros 800 euros si quiere recurrir la sentencia, y que además tenga que abonar un variable de un 0,5% sobre la cuantía procesal y pagar los honorarios de su letrado y su procurador? ¿Es lógico que el importe de una tasa judicial sea superior al de la multa de tráfico que se pretende recurrir?

 Es cierto que se prevé que las tasas sean incluidas en la condena en costas, pero no solo existe –y se aplica- la posibilidad legal de que no haya condena en costas en caso de asuntos dudosos (y entonces el litigante contrario es con frecuencia insolvente y por tanto la  recuperación resulta imposible), sino que además esa solución de que pague el que pierda tampoco es necesariamente justa. Perder un juicio no significa siempre que la postura procesal fuera infundada; y no es lo mismo perder y ser condenado -o no- a costas, que perder con declaración expresa de temeridad y mala fe.

 En fin, que quizá sí haya intención por parte del legislador de mejorar el sistema, pero creo que va en la dirección equivocada.

 Susana Perales Margüelles
Ceca Magán Abogados

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